Establecer el Principio de Responsabilidad Fiscal

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Establecer en la constitución el «Principio de Responsabilidad Fiscal».

Este principio tiene como finalidad establecer un límite constitucional del déficit fiscal cuyo objetivo es limitar la posibilidad de un Gobierno de gastar más de lo que recauda, limitando así el crecimiento de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. O dicho de manera mas simple: No gastar mas de lo que se recauda. De esta manera limitar el gasto publico poniéndole tope.

Algunos paises ya la consagran:

Alemania: Art 110 establece que «Los Presupuestos deberán estar equilibrados en gastos e ingresos.» El artículo 115 dispone adicionalmente que el endeudamiento anual no puede exceder los gastos por inversiones previsto en los presupuestos del mismo año. El único caso en el cual esta regla no se aplica es el de la lucha contra perturbaciones del equilibrio económico mundial. También se añadió un techo al déficit estructural.

España: En el Artículo 135 de la Constitución Española también lo establece esta regla de oro presupuestaria que verán a continuación:

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

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