La idea de Derecho y los principios que han de inspirar el marco jurídico a través de la Constitución

En un contexto de discusión constitucional, como en el que nos encontramos, la revisión de las Bases de la Institucionalidad o de lo que se conoce como la Idea de Derecho en una Constitución es especialmente importante, por cuanto en ellas se recogen los principios y valores fundantes tanto del ordenamiento jurídico como del sistema político. Tal como lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina, este Capítulo de la Constitución actual cumple y ha cumplido un rol interpretativo del resto de la Constitución y del marco jurídico en general.

En consecuencia, toda reforma profunda al sistema constitucional supone la revisión de las Bases de la Institucionalidad. Por de pronto, estimamos que se trata de un capítulo muy relevante para consagrar los principios y fundamentos de una sociedad libre que mencionamos en la sección introductoria, sin perjuicio del capítulo sobre los derechos y libertades de las personas.

Desde nuestro punto de vista los gobiernos tienen funciones fundamentales e inherentes a su naturaleza, como el logro de la paz social, la administración de justicia y la provisión de bienes públicos. Planteamos, frente a esta realidad, una vuelta del Estado a sus raíces y por lo tanto nuestra prioridad es que éste vuelva a ejercer, con propiedad, sus funciones naturales5.

Creemos también que el Estado debe proveer el marco o reglas del juego para que la libre interacción de las personas lleve a una sociedad justa, donde cada cual recibe una parte proporcional a su aporte. Entre otras funciones, le cabe un rol regulador el que debe cumplir adecuadamente. Asimismo, el Estado debe ser un agente de movilidad social, porque es ésta la que hace legítimas las diferencias que hay y seguirá habiendo en la sociedad. Por esa razón, el Estado tiene un rol que jugar en la educación, asegurando oportunidades para todos; también lo tienen los particulares, porque la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos están en el corazón de nuestras ideas de libertad. Creemos también en los límites al poder del Estado y advertimos los peligros de las nuevas tendencias que podríamos denominar “activismo judicial”, donde jueces y tribunales creen que su misión no es aplicar correctamente las leyes, sino su propia y particular concepción de justicia, transformándose en reformadores sociales y agentes de políticas públicas. Esos son los temas de futuro que enfrenta una sociedad libre y a ellos nos tenemos que abocar.

Las políticas asistenciales, utilizadas en exceso, pueden dañar las posibilidades de los mismos desposeídos, al crear Estados de bienestar insostenibles y al mismo tiempo mantener a esas personas con bajas capacidades de progresar sobre la base de sus propios medios.

Finalmente, y ligado al principio de servicialidad del Estado y a fin de darle a este principio una bajada más concreta, es preciso introducir reglas y orientaciones básicas en la Carta Magna para modernizar el aparato estatal, entre otras, la consagración de los principios de eficacia y eficiencia estatal como ejes rectores de la actuación pública. Actualmente, la única referencia a la eficiencia se encuentra en la consagración de fondos destinados al desarrollo regional en la Ley de Presupuestos6. A nivel legal, la eficiencia y eficacia sí están consagrados como principios de la actuación de los órganos de la Administración del Estado (artículo 3, inciso 2º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado7). Luego, su reconocimiento constitucional no sería extraño al funcionamiento de la Administración, pero sí sería un refuerzo importante desde la norma de más alta jerarquía. Este principio persigue consagrar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración del Estado con el menor gasto público posible, como regla fundamental y principio rector del obrar público.


5 Luis Larraín Arroyo, “Sentido y fundamentos políticos de una sociedad libre”, 23 de noviembre de 2012.

6 El art. 115, inciso tercero dispone: “La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes”.

7 Dispone: “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes”.

  1. Se agrega que en Chile somos todos iguales ante la ley y no se acepta discriminación arbitraria alguna.
  2. Al igual que en la propuesta de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet, se elimina de la Constitución todo lo relacionado con los emblemas nacionales.
  3. Se mantiene el reconocimiento que la persona y la familia constituyen el centro de la sociedad, y el reconocimiento y respeto a la autonomía de los cuerpos intermedios, eliminando, no obstante, el vocablo “adecuada” en la regulación de la referida autonomía de los cuerpos intermedios (actualmente dicha referencia está en el artículo 1, inciso 4º de la Constitución).
  4. Se agrega como un deber del Estado, a nivel de las Bases de la Institucionalidad, el promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.
  5. Se agrega, como deber del Estado a nivel de las Bases de la Institucionalidad, la protección del medio ambiente y que las personas constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
  6. Se agrega a este capítulo el Estatuto Constitucional de los Pueblos Indígenas, el que se explica en detalle en el apartado siguiente.
  7. Se agrega, tal y como lo hacía la propuesta constitucional de la Presidenta Bachelet, que Chile es un Estado de Derecho fundado en el principio de supremacía constitucional.
  8. Se agrega, tal y como lo hacía la propuesta constitucional de la Presidenta Bachelet, que el carácter autónomo que tienen ciertos órganos no los exime de su sujeción al Estado de Derecho.
  9. Se eleva, a rango constitucional, el principio de eficiencia y eficacia del Estado y en las actuaciones de los funcionarios públicos.
  10. Se dispone que el terrorismo es por esencia contrario al Estado de Derecho.
  11. Se baja quorum de ley que establece conductas terroristas de ley de quorum a ley simple.
  12. Se actualiza la materia relacionada con la conmutación de la pena para efectos del indulto.

Las propuestas respecto de estos capítulos son las siguientes:

Artículo 1.- Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En Chile todos son iguales ante la ley y no se acepta ningún tipo de discriminación arbitraria.

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad.

Artículo 2.- El Estado está al servicio del ser humano y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

El Estado reconoce, ampara y promueve a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la autonomía para cumplir sus propios fines específicos, conforme a lo establecido en esta Constitución.

Es deber del Estado resguardar la seguridad de la Nación, dar protección a su población y a la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación, así como asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Asimismo, es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.

Es también deber del Estado proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible, teniendo como centro y finalidad el bienestar de los seres humanos y con pleno respeto a las garantías que esta Constitución establece.

Artículo 3.- Chile es una República Democrática.

El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.

Los órganos del Estado velarán porque cada función pública se radique donde ésta se ejerza con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste, a su vez, sobre el nacional.

Artículo 4.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 5.- La Nación chilena es pluricultural. El Estado de Chile reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio. Nadie puede ser discriminado arbitrariamente en razón de su pertenencia a alguno de estos pueblos.

El Estado debe respetar las creencias e instituciones ancestrales de los pueblos indígenas, así como el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a conservar, fortalecer y preservar su identidad, historia, cultura, lenguaje y demás tradiciones y costumbres que les son propias y a participar en la vida económica, social, política y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional y con pleno respeto a las disposiciones, derechos y garantías que esta Constitución y las leyes establecen.

Artículo 6.- Chile es un Estado de Derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares e integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

 El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su sujeción al Estado de Derecho.

 La infracción a esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determinen esta Constitución y las leyes.

Artículo 7.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Artículo 8.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, eficiencia y eficacia en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

El Presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.

Artículo 9.- El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario al Estado de Derecho y a los derechos humanos.

Una ley determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para operar o mantener un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.

Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular.

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