Es necesario fortalecer la libertad de enseñanza porque esta es una condición necesaria para cumplir el objetivo que la constitución reconoce a la educación. Desde el reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza por la Ley General de Educación durante el gobierno de la presidenta Bachelet (2007), el sector político ha ido debilitando la libertad de enseñanza.
Dado que el Estado está al servicio de las personas y del bien común, es decir, tiene la especial función de facilitar, impulsar o coordinar las iniciativas o condiciones que permitan a las personas alcanzar sus fines existenciales, entonces respecto de la educación le cabe adoptar preceptos en orden a que cada ciudadano consiga las herramientas que le den esperanza cierta de desarrollo y prosperidad, lo que en el ámbito del trabajo educativo supone un conjunto de posibilidades, acciones e iniciativas tanto humanas como materiales. Así, junto con garantizar la libertad de enseñanza en sí misma, es ineludible también, asegurar la posibilidad que en el país se puedan impartir diversos proyectos educativos, cada cual con su propio ideario, de manera que las familias tengan opciones para la formación de los párvulos, niños y jóvenes. Asimismo, el Estado debe garantizar, al menos; las condiciones suficientes para que los centros educativos puedan escoger a sus equipos docentes y definir las metodologías pedagógicas en coherencia con su ideario; debe posibilitar que los colegios puedan elegir o crear los textos de estudios que van a utilizar en su sistema de enseñanza; tiene que permitir que estos diseñen y levanten la infraestructura que les parezca apropiada a sus fines; y un largo etcétera. En definitiva, la libertad de enseñanza supone que tanto las familias que requieren de servicios educativos como quienes los ofrecen, puedan disponer de los equipos humanos y de los recursos materiales que son imprescindibles para la misión de educar.
