El Estado deberá conducir la política fiscal con un criterio de disciplina fiscal. El gasto fiscal deberá responder a un balance cíclicamente ajustado (o estructural) con una meta (superávit o déficit) que asegure la sostenibilidad fiscal, entendida esta como una relación deuda a producto que se estabiliza en un nivel no superior a 45% del PIB. En caso de catástrofe natural, crisis sanitaria o recesión, se podrá hacer uso de una cláusula de escape establecida en la ley.
