Derecho al libre mercado y a la protección al consumo

Por
Anónimo
Hector Gabriel
Vera

Soy abogado y Magister en derecho corporativo, mi propuesta es establecer como derechos constitucionales el derecho al acceso a un libre mercado y a la protección en el consumo.

Estos derechos podrán parecer frívolos y no generar suficiente empatía como el acceso a la vivienda, pero son de vitales para el desarrollo sostenible de nuestro país.

Así, el derecho al libre mercado, en el sentido de habilitar al Estado a establecer medidas que combatan el sistema oligopólico chileno, propio de países pequeños como el nuestro, fortaleciendo la fiscalía nacional económica y el tribunal de libre competencia, instaurar medidas de transparencia corporativa, etc. El caso de Israel es bastante interesante en cuanto a su lucha a favor del libre mercado en contra del capitalismo de amigos.

Sabemos que buena parte del estallido social ocurrió por el profundo sentimiento de abusos, abusos generados en buena parte por la concentración económica, este derecho iría al fondo del problema, además, como podrá vislumbrar no se requieren mayores recursos adicionales, como si lo exigen otros derechos sociales.

Aplica lo dicho al derecho al consumo, al elevar a rango constitucional este derecho, se podría brindar mayores prerrogativas a los órganos estatales a fin de que se respeten por las empresas estos derechos, ya que pese a estar garantizados por ley, todos hemos sido vulnerados más de una vez.

Por último, de nada sirve un catálogo de derechos sin procedimientos efectivos para hacerlos valer, en efecto, como es de conocimiento suyo, las causas de consumo son de las más engorrosas, lentas, costosas en relación a lo que se puede ganar (recordar chiste de la máster plop), características que inhiben a las personas a hacer valer sus derechos ,cuando estos son vulnerados y que inhiben a los mismos abogados por no presentar un buen caso. Respecto de los procedimientos de libre competencia, si bien se entiende, que el ejercicio de la acción, por la naturaleza compleja de estos asuntos ,quede radicado en la FNE, tratándose de los delitos contra la libre competencia debiese concederle el ejercicio de la acción también a la Fiscalía Nacional, ( lo mismo respecto de los delitos tributarios y electorales), creándose al efectos oficinas especializadas en tales asunto, esto para asegurar la independencia del órgano que perseguirá tales delitos, ya que tanto la FNE, como el SII o el SERVEl, carecen de la independencia normativa y orgánica necesaria, siendo susceptibles de influencias ilegítimas , como ya lo hemos visto.

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