Se observa que al intervenir políticamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad, restándole su autonomía, transformando su actual dependencia en una subordinación política efectiva y real al ejecutivo y quedar integradas en la práctica bajo el mando civil de un Ministerio, y no de sus propios mandos, implicaría en definitiva una intervención de la la ley, vía su interpretación de acuerdo a la concepción política del gobierno de turno , lo cual atentaría en contra de las características esenciales de la norma jurídica que es de carácter permanente. El cumplimiento del orden público no puede quedar sujeto a políticas públicas esencialmente cambiantes. Los temas propuestos significaría en caso de Carabineros, destruir sus fortalezas, basadas en la disciplina, carrera militar, y otros que le han permitido durante 94 años ser una institución esencial del Estado.
Hoy, en la práctica, Carabineros ha sido intervenido con consecuencias nefastas para el orden público y se le está restructurando cuando el delito, el orden público y la seguridad pública, requieren más que nunca de su participación y, en especial, del respaldo legal para su accionar. Si no se mantiene su carácter de órgano del Estado independiente, se corre el riesgo definitivo de alterar la persecución del orden público, como sucede hoy en La Araucanía y en la región metropolitana principalmente, donde el accionar de las fuerzas de orden y seguridad ha sido sistemáticamente intervenida, cuestionada ideológicamente y sus integrantes sujetos a la judicialización de su función pública. CHILE enfrenta tiempos difíciles al exponer la destrucción de su orgánica institucional que tantos años costó alcanzar (1891/1973).
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