Organismos autónomos constitucionales

7.1 MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público nace en el año 1999 en el contexto de la Reforma Procesal Penal. Habida cuenta de la transición desde un sistema de justicia inquisitorial ─en que la investigación y acusación estaban a cargo de un juez instructor─, a un sistema de justicia acusatorio ─en que el juez se limita a controlar la legalidad del proceso y fallar el fondo del asunto como tercero imparcial─ se hizo necesario crear un órgano persecutor separado del Poder Judicial.

En efecto, a diferencia de algunos países que optaron por un Ministerio Público al alero del Poder Judicial, la reforma procesal penal chilena siguió la tendencia general en Latinoamérica, cual es la consagración de un órgano constitucional autónomo. Ello es razonable pues, por una parte, se requiere de un Ministerio Público independiente del poder político y, por otra, de un órgano que juegue un rol propio y diferenciado en el proceso penal.

Sin duda, se trató de un avance importante respecto de la situación anterior, al punto que al día de hoy, el Ministerio Público es una institución indispensable para el buen funcionamiento del sistema de justicia y del régimen institucional como un todo.

Con todo, la salud del régimen republicano depende de que los poderes que lo constituyen se sometan a diversos contrapesos. Esto también es válido para el Ministerio Público, que hoy cuenta con pocos controles. En efecto, salvo la remoción del Fiscal Nacional por la Corte Suprema y los controles de legalidad de las actuaciones del fiscal efectuados por los jueces de garantía, nuestro régimen institucional cuenta con escasas instancias de controles externos de la actividad del Ministerio Público.

Lo anterior es criticable, toda vez que el Ministerio Público es un actor central en el sistema de justicia penal y está a cargo de la política de persecución criminal del país. En un contexto en que la seguridad ciudadana es una de las preocupaciones principales de la ciudadanía, y frente a tasas crecientes en los índices de criminalidad, resulta del todo razonable revisar el esquema institucional del Ministerio Público. De este modo, la relevancia del órgano excede a su rol como interviniente en el proceso penal, puesto que sus actuaciones tienen importantes consecuencias para la vigencia del Estado de Derecho.

Al respecto, es importante recordar que el órgano ejerce de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, pero los estándares de investigación ─como el principio de objetividad o la obligación de los fiscales de actuar de manera eficiente, con idoneidad y coordinadamente─ están establecidos a nivel legislativo.

Lo mismo puede señalarse respecto de la relación del Ministerio Público con las policías. En la práctica, son los miembros de las policías quienes realizan actividades concretas de investigación, tanto por definición institucional como por cobertura territorial y medios disponibles. De aquí que la coordinación con las policías sea un aspecto central de la implementación de la política criminal del Ministerio Público. Sin embargo, la relación entre estas instituciones es deficiente, haciéndose necesario mayores niveles de coordinación y una reducción de los posibles espacios de discrecionalidad de las órdenes impartidas por los fiscales.

En cuanto a las normas sobre nombramientos, hoy la Constitución establece requisitos más bien formales para la designación tanto del Fiscal Nacional como de los fiscales regionales, además de los mecanismos políticos usuales para este tipo de cargos. Sin embargo, no existen criterios ni procedimientos para seleccionar por mérito a quienes ejercen dichas funciones. De aquí que es importante que un nuevo texto constitucional busque garantizar no sólo la neutralidad política, sino también el nivel profesional del Fiscal Nacional y los fiscales regionales.

Finalmente, respecto del régimen de responsabilidad de los fiscales, la Constitución actual es bastante sucinta, limitándose a establecer los mecanismos de remoción del Fiscal Nacional y los fiscales regionales por la Corte Suprema. Un nuevo texto constitucional debiera propender hacia una mayor densidad en la materia, en sintonía con la relevancia institucional del Ministerio Público.

Las propuestas respecto de estos capítulos son las siguientes:

  • Se refuerza el carácter técnico de la institución.
  • Fortalecimiento del principio de objetividad en la investigación y limitación de la discrecionalidad. Se eleva a nivel constitucional lo establecido en el artículo 3 inciso primero de la LOC del Ministerio Público, y se agrega además que el Ministerio Público debe fundar sus decisiones.
  • Obligación de sujetarse a las garantías establecidas en el numeral 3) del artículo 19. Dichas garantías son las propias del debido proceso, tal y como lo hace la propuesta constitucional de la Presidenta Bachelet.
  • Decisión sobre impartir órdenes a Carabineros, a la Policía de Orden Público (que se vienen creando) o a la Policía de Investigaciones debe ceñirse a criterios objetivos y ser fundada. Así por ejemplo, la decisión respecto de si las diligencias las realiza Carabineros o la Policía de Investigaciones deberá ser fundada y basada en criterios objetivos.
  • Se eleva a jerarquía constitucional, la obligación de los fiscales de actuar de manera eficiente, con idoneidad y coordinadamente.
  • Responsabilidad. Se propone considerar la estructura jerárquica del Ministerio Público para efectos de la responsabilidad de los fiscales al dirigir las investigaciones.
  • Sistema público y basado en el mérito para la conformación de la quina para ser Fiscal Nacional y de la terna para ser Fiscal Regional, como así también para la designación de fiscales adjuntos.
  • Se eleva a 35 años la edad para ser nombrado Fiscal Regional como lo hace la propuesta constitucional de la Presidenta Bachelet.
  • Se establece la causal de amovilidad por infringir las normas que rigen el cargo.

Se mantiene la enumeración de la Constitución actual sólo para efectos de conveniencia:


Capítulo VII

Ministerio Público


Artículo 83.- Un organismo del Estado, autónomo, técnico, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.


En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público deberán ceñirse a criterios objetivos, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley y debiendo fundamentar sus decisiones. Asimismo, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen.

En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales, y en sus investigaciones deberá apegarse a las exigencias dispuestas en el artículo 19, N° 3 de esta Constitución. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.


El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.


El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones o a la Policía de Orden Púbico durante la investigación.

Las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.

Artículo 84.- Los fiscales y funcionarios del Ministerio Público deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos y bienes públicos y por el debido cumplimiento de sus funciones. 

Los fiscales deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.

Los procedimientos del Ministerio Público deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y procurarán la simplificación y rapidez de sus actuaciones.

Artículo 85.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.

Artículo 86.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.

La conformación de la quina se hará mediante un concurso público, abierto, competitivo, transparente, basado en el mérito y en cumplimiento de los requisitos que esta Constitución y la ley orgánica constitucional establezca para el cargo.

Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Será aplicable al Fiscal Nacional lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 en lo relativo al tope de edad.

Artículo 87.- Existirá un Fiscal Regional en cada una de las regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno.

Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la Corte de más antigua creación.

La conformación da la terna se hará mediante un concurso público, abierto, competitivo, transparente, basado en el mérito y en cumplimiento de los requisitos que esta Constitución y la ley orgánica constitucional establezca para el cargo.

Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente en otra Región, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.

Artículo 88.- La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, llamarán a concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente convocado al efecto. No podrán integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados del Poder Judicial.

Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. De producirse un empate, éste se resolverá mediante sorteo.


Artículo 89.- Existirán fiscales adjuntos que serán designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del fiscal regional respectivo, la que deberá formarse previo concurso público, abierto, competitivo, transparente, basado en el mérito y en cumplimiento de los requisitos que esta Constitución y la ley orgánica constitucional establezca para el cargo. Deberán tener el título de abogado y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.


Artículo 90.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por infringir las normas que rigen el cargo, incapacidad, mal comportamiento, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.

Artículo 91.- Se aplicará al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales y a los fiscales adjuntos lo establecido en el artículo 82.

Artículo 92.- El Fiscal Nacional es la autoridad superior del Ministerio Público, de quien dependerán jerárquica y directamente los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva”.

7.2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Una regla fundamental para el funcionamiento de la democracia es la sujeción de los órganos del Estado a la Constitución; es una expresión básica y fundamental de la existencia de un real Estado de Derecho. Desde esta perspectiva, el control de constitucionalidad viene a dar eficacia a la tutela de los principios esenciales de supremacía constitucional, imperio de la ley y respeto de los Derechos Humanos.

Así, para que exista una República Democrática se debe buscar la protección de algunas reglas y derechos básicos, especialmente de los más débiles y eso exige establecer límites al poder estatal (y por tanto al legislador). Esta es una de las razones de por qué países desarrollados y que gozan de una institucionalidad sólida como Alemania, Estados Unidos y Francia tienen Cortes Constitucionales.

En nuestro país, el Tribunal Constitucional (TC) ha cumplido un rol relevante en este sentido permitiendo, entre otros fallos relevantes, que se realizara el plebiscito de 1988 con tribunales electorales. 

Sin perjuicio de esto, un número importante de académicos de distintos sectores políticos han contribuido en los últimos años al debate en relación con potenciales modificaciones a la composición y atribuciones del TC.

La Constitución de 1925 no contempló originalmente dicha institución, la que fue establecida posteriormente por reforma constitucional de 1970, lo que había sido aconsejado por la cátedra universitaria de Derecho Constitucional en los años sesenta (Cumplido, Silva Bascuñán y Guzmán Dinator). Se tomó como modelo las jurisdicciones francesas y alemanas, otorgándosele la facultad para resolver las cuestiones sobre constitucionalidad suscitadas durante la tramitación de los proyectos de ley. El ex Presidente Eduardo Frei Montalva señaló al efecto que “todo ordenamiento jurídico requiere la existencia de un Tribunal que vele por la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, ya que de otra manera el imperio de la Constitución queda sin resguardo ante los posibles excesos de leyes que violan las garantías constitucionales o cualquiera otra disposición fundamental de la Constitución Política”.  Dicho Tribunal, que sesionó por cerca de dos años, fue presidida por el jurista Enrique Silva Cimma, dictó 17 sentencias, algunas de las cuales no estuvieron exentas de críticas. Incluso, la oposición al gobierno del Presidente Allende calificó una de ellas como “nula de derecho”, agregando que nadie se encontraba en deber jurídico de acatarla y cumplirla. En 1973, la Junta Militar disuelve el Tribunal por estimar que su existencia era “innecesaria”, en atención a que el Congreso había sido clausurado.

En 1981 se restablece su funcionamiento, añadiéndole competencia para conocer de las leyes orgánicas, tal como ocurriría en los sistemas franceses y españoles.

La reforma constitucional de 2005 modificó la composición y atribuciones de este Tribunal. Así, sus 10 integrantes ahora son designados por el Presidente de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema, en un modelo similar al establecido en la Carta italiana de 1947. La reforma constitucional de 2005 radicará exclusivamente en este Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las leyes. De este modo, no sólo revisará eventualmente la constitucionalidad de las leyes durante su tramitación, sino que además conocerá de la acción de inaplicabilidad de las leyes. La nueva acción no es en todo caso idéntica a la que anteriormente conocía la Corte Suprema, desde que ahora corresponde declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución Política, por lo que se trata de un control concreto. Además, la inaplicabilidad no sólo la pueden solicitar las partes de una gestión sino el propio juez de la causa. Para dimensionar la expansión de esta acción constitucional, debe tenerse presente que en los catorce primeros años de funcionamiento del nuevo Tribunal Constitucional han ingresado cerca de ocho mil presentaciones, lo que equivale al 95% de las causas.

Adicionalmente, la reforma de 2005 facultó al mismo Tribunal Constitucional para resolver la inconstitucionalidad de la ley, esto es, con efectos generales y derogatorios, para lo cual es menester que previamente se haya declarado su inaplicabilidad. Dicha resolución debe ser adoptada por los 4/5 de los miembros. Se trata de un instrumento excepcional que a la fecha sólo ha motivado cuatro decisiones relativas a delegación de jurisdicción en materia tributaria, la consignación previa para reclamar sanciones sanitarias, la gratuidad del turno de los abogados; las facultades de la Superintendencia de Salud referentes a las tablas de factores de sexo y edad en los contratos de salud previsional; y la imposibilidad de tener en óptimas un médico.

Asimismo, se le ha entregado también la revisión de la constitucionalidad de los autos acordados de ciertos tribunales superiores; como igualmente las contiendas de competencia entre las autoridades administrativas y los tribunales inferiores.

La jurisdicción constitucional tiene un significado esencial para el perfeccionamiento y la vigencia del Estado constitucional de Derecho, la división y adecuado equilibrio de los diversos órganos públicos y, por sobre todo, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana.

Como ha dicho el propio TC, su “jurisdicción debe asegurar que, efectivamente, todas las autoridades públicas sujeten sus actos a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales se desarrolle dentro de un ámbito correcto y de legítimo ejercicio de la función constitucional que les compete”.

Como nos lo recuerda Favoreu, se trata de una jurisdicción creada para revisar la sujeción a la Carta Fundamental de las leyes, debiendo velar por el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución Política, lo que forma parte sustancial de todo régimen democrático. Así, “no se concibe hoy día un sistema constitucional que no reserve un lugar a esta institución”. Los jueces deben tener sobre todo “fidelidad a la Constitución” (Zagrebelsky). Y es que su trabajo es la “protección de las minorías y de los más débiles” (Häberle). Por lo mismo, la tutela de los derechos humanos “no se puede dejar solo en manos del Legislativo y Ejecutivo” (Barak).

En suma, se trata de una institución fundamental para resolver los conflictos de constitucionalidad entre los diversos órganos del Estado, teniendo una vida casi centenaria en Occidente y ya 50 años en Chile. Como lo recuerda García de Enterría, una Constitución sin un TC que la interprete y la haga efectiva es una Constitución “herida de muerte”.

Muchas críticas se han efectuado en los últimos años al TC. La primera de ellas es su carácter contramayoritario. Desde el punto de vista político suele criticarse su carácter contramayoritario, desde que revisa decisiones tomadas en el Congreso Nacional. O actuar como una suerte de “tercera Cámara”, como se le llamó en España en los años 80. Pero en todas las democracias existe esta institución, precisamente como un mecanismo de las minorías para preservar los derechos fundamentales y las limitaciones al poder. Debe recordarse que el control preventivo facultativo de las leyes en Chile viene desde la reforma constitucional de 1970. Un tercer elemento es el de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las leyes en las que es esencial que se fortalezcan los efectos de las sentencias, dado que en algunos casos las decisiones del TC no han sido cumplidas por el juez de la instancia, resolviendo la gestión aplicando una norma que fue inaplicada (efecto inhibitorio de la decisión). Por lo mismo, resulta esencial reforzar la cosa juzgada constitucional.   

Uno de los aspectos que más críticas ha generado, sin duda, es el sistema de nombramiento de los jueces. Especialmente por parte del Presidente y del Congreso Nacional, que han designado -en ciertas ocasiones- a asesores o ex parlamentarios, algunos con escasa formación jurídica. Además, sólo la Corte Suprema realiza concursos públicos. Las demás designaciones son esencialmente políticas. Los designados además a veces olvidan el denominado “deber de ingratitud” que supone la actuación independiente del designado y no actuar como representante de su designador.

En la tradición alemana y española es usual que lleguen al TC grandes juristas, académicos y jueces. Eso supone incluso pequeñas listas que preparan las universidades y colegios profesionales. El caso alemán es especialmente notable, dado que lo integran mayoritariamente destacados juristas (no solo constitucionalistas) y se trata de una de las instituciones más admiradas y respetadas. En la tradición francesa, en cambio, al Consejo Constitucional pueden llegar incluso no abogados y también lo integran ex Presidentes. En el sistema norteamericano los futuros jueces de la Corte Suprema son sometidos a intenso escrutinio público antes de ser votada la propuesta en el Senado.

Debe, por lo mismo, buscarse un sistema más transparente, en el que puedan participar juristas de diversas especialidades, evitando al máximo la politización de sus designaciones, utilizando, por ejemplo, mecanismos similares a los de designación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.      


25 Para elaborar este texto introductorio se consideró la minuta de trabajo entregada para estos fines por el profesor de derecho constitucional, don Enrique Navarro. Asimismo, cabe hacer presente que para los efectos de la elaboración de las propuestas en esta materia también se tuvo a la vista y como referencia expresa en algunas propuestas, las proposiciones contenidas en el Informe Final del Grupo de Estudio de Reforma al Tribunal Constitucional 25 Propuestas para un Tribunal Constitucional del Siglo XXI, de junio de 2019.

Las propuestas respecto de estos capítulos son las siguientes:

 

1)   Respecto del nombramiento
a.Se propone aumentar el número de integrantes del TC desde los 10 actuales a 12 miembros para hacer frente a su extensa y creciente carga de trabajo.
b.Se propone modificar el sistema de nombramiento, unificando el tipo de nombramiento, aplicando la misma fórmula que se aplica para la Corte Suprema.
c.Se propone incorporar la exigencia de un concurso público de antecedentes.
d.Se propone que el postulante a ministro del TC se haya destacado en la actividad profesional o universitaria, eliminando “o pública”.
 
2)   Respecto de las atribuciones:
e.Se elimina el voto dirimente del Presidente del TC. Ante un empate la cuestión se entenderá rechazada.
f.Se sugiere mantener la atribución de control preventivo obligatorio, pero únicamente respecto de los tratados internacionales sometidos a la consideración del Congreso.
g.Se propone mantener la actual atribución de conocer los requerimientos de inconstitucionalidad de las iniciativas de ley durante su tramitación, a petición del Presidente de la República y de un cuarto de cualquiera de las Cámaras. Sin embargo, se establece que la oportunidad para presentar dicha acción es al momento en que concluye la tramitación de la ley (tras la remisión del proyecto al Presidente de la República) y antes de su promulgación y publicación.
h.Se propone incorporar como parte de las atribuciones del TC la revisión constitucional de los auto acordados, y que aquella se ejercerá, cualquiera sea la denominación que los respectivos tribunales le den a dichos actos.
i.Se propone incorporar como atribución del TC, resolver las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales. Esto último, especialmente, teniendo en cuenta la nueva figura de gobernador regional.
j.Se sugiere eliminar la facultad del TC de declarar la inconstitucionalidad de los partidos o movimientos que sean contrarios al régimen democrático y constitucional.
k.Se propone que en el caso de la acción de inaplicabilidad se indique expresamente que “declarado inaplicable un precepto legal en un caso concreto, el juez de la instancia no podrá considerarlo en la decisión judicial”.

Se sugiere bajar a mayoría simple el quorum para declarar inconstitucional un precepto legal vigente (hoy 4/5).

Se mantiene la enumeración de la Constitución actual sólo para efectos de conveniencia:

Capítulo VIII

Tribunal Constitucional


Artículo 92.- El Tribunal Constitucional estará integrado por 12 miembros.

Los ministros serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá el mismo Tribunal Constitucional luego de un concurso público de antecedentes, y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, el Tribunal Constitucional deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60.

Los ex ministros del Tribunal no podrán actuar ante el mismo en causa o asunto alguno por el plazo de un año desde el cese en sus funciones.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quorum para sesionar será de, a lo menos ocho miembros y en el segundo de, a lo menos cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º del artículo siguiente. Ante un empate en la votación, se entiende rechazado el requerimiento respectivo. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.

La ley orgánica constitucional determinará el procedimiento, las condiciones y los plazos para llevar a cabo concursos públicos de antecedentes. También determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.

Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

1º.- Ejercer el control de constitucionalidad de los tratados internacionales sometidos a la discusión y aprobación del Congreso Nacional conforme al artículo 54;

2º.- Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados, dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones y de los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado;

3º.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten tras la remisión al Presidente de la República del proyecto de ley, tratado internacional o reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional y hasta antes de la publicación;

4º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;

5º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;

6°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;

7º.- Resolver por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior;

8º.- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda;

9º.- Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99;

10º.- Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales, a las cuales se refiere el artículo 127 de esta Constitución;26

11º.- Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 7) de esta Constitución;

12º.- Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado;

13º.- Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;

14º.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios;

15º.- Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y

16°.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63.

En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso.

En el caso del número 2º, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de 10 de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado. El Tribunal ejercerá esta atribución, en conformidad a la regla precedente, respecto de los autos acordados cualquiera sea la denominación dada por los respectivos tribunales a dicho instrumento jurídico.

En el caso del número 3º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la publicación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quince días desde el despacho del proyecto o de la señalada comunicación.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros 10 días por motivos graves y calificados.

El requerimiento suspenderá la publicación de la ley, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.

En el caso del número 4º, la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

En el caso del número 5º, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuera procedente.

Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.

En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Declarado inaplicable un precepto legal en un caso concreto, el juez de la instancia no podrá considerarlo en la resolución del asunto.

La ley orgánica del Tribunal regulará la oportunidad procesal para presentar el requerimiento, la participación que corresponderá al juez de la gestión pendiente, y el recurso ante el Tribunal Constitucional en los casos en que las sentencias de inaplicabilidad que acogen el requerimiento no han sido aplicadas por el juez de la gestión pendiente.

En el caso del número 7°, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6° de este artículo, habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.

En los casos del número 8º, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.

En el caso del número 10, sólo podrá conocer a requerimiento de cualquiera de las autoridades administrativas en conflicto.

En el caso del número 11º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Senado.

Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren en el número 13º de este artículo.

En el caso del número 12°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto.

En el caso del número 14º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.

En el caso del número 16º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.

El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 11º y 13º, como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario.

En los casos del número 13º y en el caso del numeral 2º cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso, de su admisibilidad.

Artículo 94.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.

En el caso del Nº 16º del artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 o 7 del artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.


26 Se elimina la declaración de inconstitucionalidad de los partidos políticos (adecuándose el texto asimismo en la parte pertinente del derecho de asociación).

7.3 BANCO CENTRAL

Como se indica en un documento de Libertad y Desarrollo27, la creación del Banco Central (BCCh) se fundamentó en la necesidad de contar con un único banco emisor, debido a la inflación persistente y volátil producto de las malas prácticas fiscales. Si bien nació el año 1925 con un fuerte sello de autonomía institucional respecto del gobierno, éste se fue perdiendo en el tiempo producto de una serie de modificaciones. Hasta los años 80, dada la institucionalidad que regía al BCCh -bajo la cual podía otorgar créditos a instituciones públicas- la política monetaria estuvo dominada por la situación fiscal recurrentemente deficitaria y el apoyo crediticio a entes estatales.

En diciembre de 1979 se modificó la ley orgánica del BCCh, estableciéndose que en ningún caso podría adquirir para sí documentos de crédito emitidos directamente por el Fisco, como tampoco otorgar créditos directos a las entidades públicas o privadas, con excepción de las instituciones financieras. Posteriormente, la Constitución de 1980 definió al BCCh como “un organismo autónomo con patrimonio propio, de carácter técnico”. A su vez, dispuso que las nuevas operaciones del BCCh debían establecerse sólo con instituciones financieras y que ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central, salvo en caso de guerra. El último paso se dio en 1989 cuando se dictó la LOC del BCCh, que consagra su autonomía, estableciendo objetivos claros y específicos, composición y funcionamiento del Consejo, y facultades monetarias, crediticias, financieras y cambiarias. Siguiendo el modelo alemán, el mandato del BCCh fue tener por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

Luego de la consolidación de la autonomía del BCCh (1989), momento en el cual la inflación rondaba el 20% anual, ésta entró en una senda decreciente y llegó a ubicarse en torno a 3% anual hacia fines de la década de los noventa, para luego estabilizarse en torno a este guarismo. En esta convergencia fue determinante la separación de la administración de la política monetaria del proceso político. Al respecto, Marcel concluye que la evidencia acumulada a lo largo de la autonomía del BCCh es irrebatible no sólo en cuanto a que dicha independencia ha sido fundamental para el logro de avances sustanciales y duraderos en el control de la inflación, sino también respecto de su aporte a la reducción de la volatilidad y los riesgos macroeconómicos en el país.

Así, la importancia de la autonomía de un banco central está radicada en las implicancias que ella tiene sobre el manejo de la inflación y, en consecuencia, su impacto en el crecimiento y en la distribución de la riqueza de una economía. La autonomía del Banco Central de Chile se transformó, en consecuencia, en uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico de Chile. Ahora, la eficacia de este pilar requiere del correcto funcionamiento de otros: i) una política fiscal responsable, guiada por una regla; ii) una economía abierta al comercio exterior bajo un régimen de tipo de cambio libre; iii) una sólida regulación del sistema financiero. Fallas en estos pilares, como por ejemplo, una política fiscal sostenidamente deficitaria, dificultará el logro del objetivo del Banco Central. La evidencia empírica muestra que la política monetaria no es capaz de generar directamente crecimiento en el largo plazo, sino que indirectamente a través de la estabilidad de los precios, de forma que los agentes económicos (consumidores y productores) puedan tomar adecuadamente sus decisiones. Así, la autonomía se ha vuelto un elemento de la institucionalidad de los bancos centrales cada vez más valorada e implementada. Para la verdadera autonomía no basta un texto legal (de jure), sino también que ésta sea de hecho (de facto). Intentos recientes de la clase política chilena van en la dirección de alterar esta autonomía por la vía de modificar otros cuerpos legales. De aprobarse, se corren serios riesgos de mantener el control adecuado de la inflación. Para que un banco central pueda cumplir adecuadamente con el objetivo de estabilidad de precios, se requiere protegerlo de las presiones asociadas a los ciclos políticos.

En el índice de autonomía de los bancos centrales en el mundo, Chile está dentro de los mejores rankeados, comparándonos con Nueva Zelanda y Estados Unidos. Romper con esta autonomía no es adecuado y tal y como lo vemos, se trata de un tema netamente ideológico. No conocemos de países en que el Banco Central haya perdido total o parcialmente su autonomía relativa.


27 Libertad y Desarrollo, Temas Públicos 1427, de marzo de 2020.

  1. Se constitucionaliza el artículo 3º inc. 1º de la LOC del Banco Central que dispone como objeto del Banco “velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.
  2. Se constitucionaliza la figura del “Consejo” y el mecanismo de nombramiento y duración.

Se mantiene la enumeración de la Constitución actual sólo para efectos de conveniencia:


Capítulo XIII

Banco Central


 

Artículo 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

La dirección y administración superior del Banco estarán a cargo de un Consejo constituido por cinco miembros, designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado. La proposición que el Presidente efectúe al Senado deberá estar basada en el mérito, propendiendo siempre al fortalecimiento de la autonomía y objetividad del Banco Central.

Los miembros del Consejo durarán diez años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos períodos, y se renovarán por parcialidades, a razón de uno cada dos años.

 El Presidente del Consejo, que lo será también del Banco, será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará cinco años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser designado para nuevos períodos.

Art 109.- El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional 28.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.


28 Hacemos presente que la Ley No. 21.253 incorporó este nuevo inciso a este artículo de la Constitución. Aun cuando estimamos que este nuevo inciso presenta ciertos riesgos, detallados en Temas Públicos de Libertad y Desarrollo N° 1456, de julio de 2020, a nuestro juicio la redacción actual contiene resguardos mínimos que deben mantenerse, sin ampliar más su alcance.

7.4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CAPÍTULO X):

La Contraloría General de la República cumple un rol primordial en el control del actuar de la Administración del Estado frente al ciudadano. Surge en 1927 con motivo de la denominada Misión Kemmerer. Jurídicamente, se constituye como un organismo dotado de autonomía constitucional pero no orgánica (actúa bajo la persona jurídica del Fisco). Entre sus principales funciones se encuentran: i) función de control, ejercida mediante la toma de razón de actos administrativos; ii) función interpretativa, fijando el sentido y alcance de las normas con eficacia vinculante dentro de la Administración; iii) función fiscalizadora respecto del actuar de los órganos públicos y receptores de fondos públicos; iv) función jurisdiccional como tribunal de cuentas, haciendo efectiva la responsabilidad civil de los cuentadantes (receptores de fondos públicos y obligados a rendir cuenta de su uso); y, por último, funciones en materia de balance general de la Nación (hoy descentralizado) y en capacitación de funcionarios. Su regulación actual está prevista en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica N° 10.336 de 1952.

Manteniendo los roles de la Contraloría, la propuesta se concentra mayormente en la proposición de cambios en su gobernanza transitando hacia un organismo liderado por un cuerpo colegiado, siguiendo en esta parte la Propuesta del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado (PCAPME), que reconoce, en general, la necesidad de dotar de mayor agilidad a la CGR29 y, en específico modificar su gobierno corporativo pasando desde una autoridad unipersonal (radicada en el Contralor) a un órgano colegiado, encabezado por un Consejero Presidente nombrado por el Presidente de la República, eliminando la figura del Subcontralor, al tiempo de introducir precisiones a su órbita de competencia estableciendo a nivel constitucional la causal impeditiva del 21 b de la Ley Orgánica de la Contraloría que le impide inmiscuirse en el mérito de la decisión30.


29 Documento PCAPME, p. 66.

30 Carta de Presidente del CAPME AL Presidente de la República con fecha 31 de diciembre de 2019.

  1. Se establece a nivel constitucional la causal impeditiva del 21 b) de la Ley Orgánica de CGR (Ley N°10.336) que impide a la Contraloría inmiscuirse en el mérito de la decisión (como lo hacía el proyecto constitucional de la Presidenta Bachelet).
  2. Se aumenta de 10 a 15 años de título profesional para ser nombrado Contralor (en línea con los requisitos establecidos para los ministros de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional).
  3. Se aumenta el quorum de aprobación del Senado de 3/5 a 2/3 con el objeto de lograr un mayor acuerdo en el nombramiento de tan alto cargo.
  4. Se modifica su gobierno corporativo pasando desde una autoridad unipersonal (radicada en el Contralor) a un órgano colegiado.
  5. Se incluye las decisiones alcaldicias de manera explícita como objeto de control.

Se hace presente que mantiene la enumeración de la Constitución actual sólo para efectos de conveniencia.

 

Capítulo X

Contraloría General de la República

 

Artículo 98.- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

La dirección y administración superior de la Contraloría General de la República estarán a cargo de un Consejo constituido por cinco miembros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, a los que se les denominará “Consejeros”.

La proposición que el Presidente efectúe al Senado deberá estar basada en el mérito, propendiendo siempre al fortalecimiento de la autonomía de la Contraloría General de la República.

Los Consejeros serán designados por un período de ocho años y no podrán ser designados para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesarán en el cargo. Los consejeros se renovarán por parcialidades, a razón de uno cada dos años.

El Presidente del Consejo, que lo será también de la Contraloría General de la República, será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará tres años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser designado para nuevos períodos. El Consejo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros. El quorum mínimo para sesionar será de tres consejeros. Una ley orgánica constitucional establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento.

Los consejeros deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

La Contraloría, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

Artículo 99.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, la Contraloría General de la República tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, a la Contraloría General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República, y su forma de desconcentración, serán establecidos por una ley orgánica constitucional.

Artículo 100.- Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.

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